Impuesto contra la obesidad

En los últimos 12 años, las muertes por diabetes en México se han duplicado. Por ello, desde hace algunos años se ha impulsado la aplicación de un impuesto al refresco azucarado que ayude en la lucha contra la obesidad, lo cual parece cada vez más cercano.

Durante la pasada Legislatura, en 2006, se presentó una primera iniciativa formal para tal efecto, sin embargo no tuvo el éxito ni la consecución esperada. Desde entonces, la industria de bebidas se comprometió a una mayor autorregulación respecto a la venta y contenido de refrescos y bebidas azucaradas.

La realidad es que las políticas autorregulatorias de la industria alimentaria y de bebidas no han sido suficientes para reducir dicho consumo ni ha ayudado en la lucha contra la obesidad.

Sin embargo, la iniciativa fue presentada de nuevo por la panista Marcela Torres el jueves, en el Senado, aunque debe pasar a Diputados, que es donde se discute el presupuesto. Ahora con una gran diferencia,  debido a que tanto PAN como PRD están de acuerdo, lo que haría mayoría para su aprobación.

La propuesta es aplicar un impuesto de 20%, lo que implica 1.70 pesos por litro de refresco. Ello implicaría disminuir el consumo de bebidas carbonatadas endulzadas de 163.3 a 120.9 litros por persona al año, es decir, en una quinta parte.

Para ello se propone reformar la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de manera similar al impuesto al tabaco, el cual, por cierto, también se busca elevarlo de 7 a 14 pesos por cajetilla, para cumplir con el compromiso firmado por México ante la OMS desde hace años.

El Centro Rudd sobre Política Alimentaria y Obesidad de la Universidad de Yale tiene una estimación de que la aplicación de un impuesto de 20% al refresco generaría en México el equivalente a no menos de 2 mil millones de dólares anuales.

Estos recursos serían dirigidos para resolver varias problemáticas que impiden una efectiva lucha contra la obesidad. Entre ellas, instalar sistemas de purificación de agua en regiones donde no hay acceso al agua potable. Se estima que 10 millones de mexicanos no tienen acceso a agua para tomar, particularmente en escuelas de educación básica, de acuerdo con Alejandro Calvillo, dirigente de la asociación El Poder del Consumidor.

Otra parte propone destinarla a campañas de prevención y orientación alimentaria, así como a la atención de la obesidad y diabetes, y sus complicaciones.

México se uniría a la lista de países que han puesto en marcha este impuesto, quienes entre otras medidas además han prohibido la venta de bebidas azucaradas en tamaño extragrande, como una manera de reducir el consumo desproporcionado de golosinas líquidas, incluido refresco, jugos de fruta y malteadas.

Por su parte, la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas, el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (ConMéxico) y la misma Canacintra, alegan que este impuesto no es eficaz para reducir el consumo de refrescos.

Aunque ello fuera cierto, lo recaudado ayudaría a cubrir los gastos crecientes por obesidad y diabetes, situación que ha sido señalada por innumerables organismos internacionales.

El mismo titular de la OCDE, José Ángel Gurría, ha alertado que ello hace inviable el futuro del país no sólo en términos de salud pública, sino en términos financieros.

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